Indígenas de México presas del capitalismo depredador y de despojo: Stavenhagen

derechosNo basta reformar leyes, ni reglamentar los principios constitucionales para los indígenas,  sino que es necesario asegurar el cumplimiento de las normas de derechos humanos a través de políticas públicas eficaces y sobre todo con la plena participación de los pueblos interesados, aseguró el doctor Rodolfo Stavenhagen.

Durante la  conferencia magistral  “Los pueblos indígenas ante la neocolonización”, realizada en el Senado de la República, el profesor emérito del Colegio de México sostuvo que el Estado mexicano debe reconocer la enorme deuda que tiene con sus pueblos y comunidades indígenas y reafirmar su voluntad para proteger los derechos elementales de estos pueblos originarios del país.

Indicó que para muchas comunidades existe un “capitalismo depredador, de despojo”, lo que para otros grupos se trata de un capitalismo emprendedor, moderno, situación que “la opinión pública generalmente ignora y no le da suficiente importancia”.

Y ejemplificó el impacto que ha tenido la actividad extractivista minera, la cual creció considerablemente en la década pasada debido a la “generosa distribución de miles de hectáreas de concesiones a docenas de poderosas empresas mineras que se han apoderado de buena parte de la superficie del país y de los recursos del subsuelo”.

Las actividades de estas empresas, dijo, están amparadas en una ley minera “que les otorga privilegios en contra de los derechos de los campesinos, y yo creo que esta es una de las grandes contradicciones del México contemporáneo, del cual se habla muy poco y la opinión pública está muy poco enterada”.

La criminalización de la protesta social

El doctor Stavenhagen resaltó que las personas u organizaciones que defienden su tierra y sus recursos son con frecuencia perseguidas. Se trata, dijo, de la criminalización de la protesta social, una de las violaciones persistentes de los derechos humanos, de las cuales los indígenas suelen ser víctimas.

Comentó que a nivel internacional existen derechos para los pueblos indígenas, entre ellos, la consulta libre, previa e informada. Sin embargo, en México ese derecho aún no se ha legislado, pero los indígenas y las organizaciones de derechos humanos demandan que éste sea aplicado y respetado en la práctica, tal y como lo demanda la legislación internacional.

Para  Stavenhagen “ha resultado muy fácil para el gobierno y las empresas simular la aplicación de este derecho a la consulta en vez de respetar plenamente la voluntad de las comunidades indígenas, mediante la participación responsable de ambas partes”.

Destacó que el derecho de libre determinación y autonomía no son  correctamente aplicados, aunado a la ausencia de un auténtico diálogo nacional sobre el tema y el poco interés de las autoridades federales. “Por eso  algunos pueblos han emprendido por su cuenta establecer su propia autonomía. Ahí están las experiencias de las comunidades zapatistas o los intentos de Cherán, Michoacán, y alguna otras regiones, como las policías comunitarias”.

El senador Eviel Pérez Magaña, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, señaló que desde este órgano legislativo  se ha buscado coadyuvar para encontrar soluciones a las diferentes problemáticas que enfrentan estas comunidades. “Tenemos que entender que México va creciendo, las demandas son diferentes y esperamos seguir coadyuvando, porque somos un poder que queremos ser respetuosos de los acuerdos”.

El senador por el PRD, Isidro Pedraza Chávez, reconoció que no basta con legislar o contar con protocolos firmados por México a nivel internacional para garantizar que los derechos de los pueblos indígenas sean respetados.

“Es necesario pelear por su aplicación y vigencia permanentemente todos los días; hacer el esfuerzo por aplicar las leyes, y esa parte es un renglón que tenemos que buscar en la Comisión para lograr que se aplique la ley y el Estado de derecho”, subrayó.

La diputada Margarita Licea González, integrante  de la Comisión de Asuntos Indígenas, mencionó que el objetivo central es “reflexionar sobre el estado actual que guardan los derechos de los pueblos indígenas en México y abrir el análisis y reconsideración de los asuntos indígenas como prioridad en la agenda legislativa para el próximo periodo de sesiones.

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