Derechos Humanos. Derechos Lingüísticos

Ninas-indigenas Miguel Angel Jiménez Hernández. Etnohistoriador

Desde el México independiente el goce de los derechos constitucionales ha estado subordinado al conocimiento de una sola lengua: el español. Aunque hablar esta lengua no ha sido necesariamente un requisito para considerarse ciudadano mexicano.
Al conformarse la Constitución de 1917, muchos consideraron que no podían dejar fuera las consideraciones de aquellos que habían hecho la Revolución: campesinos y obreros, esto a causa de que la declaración de derechos no era suficiente en la pasada Carta Constitutiva de 1857.
Es a partir de este momento que se plantea la idea de incorporar derechos fundamentales que dieran paso a las reivindicaciones y al reconocimiento de grupos o clases sociales. Esta sería el legado más importante del Congreso Constituyente de 1917. [1]
A lo largo del siglo XX las legislaciones se encargaban a medias de los derechos de las llamadas “minorías sociales” (que en realidad conformaban la mayor parte de la población en México). Para el siglo XXI, la realidad mexicana cambió y fue necesario establecer una exigencia de igualdad que también compete a las comunidades lingüísticas. El establecimiento de una sola lengua (el español) fue motivado por el liberalismo que lo privilegió para ayudar a la conformación de los estados nacionales modernos, sin embargo, esto no coincide con la realidad de ninguna “nación”, ni con los conceptos de democracia e igualdad usados en nuestros días. El concepto de derechos lingüísticos marca una ruptura con los postulados que aprueban la unidad nacional a través de la lengua, por el contrario, reconoce su diversidad y pluralidad.
Para poder tener una legislación que se adecúe a las necesidades de los diferentes pueblos con respecto a su diferenciación lingüística, es necesario tener en cuenta en marco histórico sobre los derechos de la lengua y su adecuada caracterización para el caso mexicano.
La Declaración universal de los Derechos Humanos de 1948, se funda en el hecho de que el desconocimiento de estos derechos ha originado actos considerados como de barbarie, por ello, su proclamación era la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los humanos disfrutaran de la libertad [2]. En su artículo segundo se menciona la no discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Se impulsa a la tolerancia de las diferencias, el caso de lo lingüístico recibió la misma atención que las demás reivindicaciones [3].
En este debate han intervenido juristas, lingüistas y educadores, sus reflexiones se han sustentado en estudios que demuestran la igualdad formal de todas las lenguas del mundo. Dentro de estos mismos debates se establecieron dimensiones y argumentos individuales, colectivos y territoriales para un mejor análisis del campo lingüístico en México [4].
En su dimensión individual se establece que:
– Toda persona puede identificarse con una lengua propia, y debe ser respetada por todos aquellos que no se identifiquen con ella.
– Toda persona tiene derecho a recibir enseñanza en esa lengua, así como el derecho de usarla en contextos oficiales públicos.
En su dimensión de derechos colectivos, se establece que:
– Los grupos minoritarios tienen derecho a ser diferentes, con ello, el derecho a desarrollar su o sus propias lenguas.
– Los grupos tienen derecho a recibir apoyo del Estado para administrar los asuntos internos en el campo de la cultura, la educación, la información y los asuntos sociales, con la finalidad de mantener sus particularidades etnolingüísticas.
Esta aceptación de carácter universal no implica un modelo único y general aplicable a todas las comunidades lingüísticas. La responsabilidad recae en las legislaciones que establezcan lo que es fundamental y viable para atender la singularidad histórica de dichas comunidades. Por ello, una forma de conciliar los derechos lingüísticos es replantear un análisis de su pasado y su presente.
Una medida que se ha adoptado es el bilingüismo, que automáticamente recae en las llamadas minorías sociales que deben aprender la lengua “oficial” para desarrollarse en la vida social de la nación, esta situación mantiene la desigualdad entre las comunidades lingüísticas, impide que los hablantes del español (que se mantienen con su única lengua) se sensibilicen ante la riqueza de la multiplicidad de lenguas que existen en el país, a pesar de que en ellas se encuentra una estructura gramatical compleja, texturas sonoras distintas, elementos de su concepción del mundo y maneras de expresar sentimientos, todo ello implícito en la oralidad.
Difundir y compartir el contenido de las lenguas indígenas, que incluye formas de ser, de pensar, y expresar cada lengua, contribuiría al respeto y tolerancia de la diversidad entre los mexicanos.
Notas:
[1]http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/HistoriaDerecho/26/esc/esc6.pdf
[2] http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3100/33.pdf
[3] http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
[4] Moctezuma Zamarrón, José Luis, “Una mirada al debate sobre los derechos lingüísticos”, en Diario de campo. Boletín interno de los investigadores del área de antropología, México, Núm. 45, Julio de 2002, pp. 21- 22.

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